El dos por ciento constitucional.

En Chile, el llamado "dos por ciento constitucional" es una atribución que posee el Presidente de la República, para saltarse la obligación de conformarse a la ley a la hora de decretar pagos. Esto sólo lo puede hacer en casos de catástrofe, calamidad pública, amenazas a la seguridad nacional, etcétera (o sea, es para afrontar contingencias de carácter extraordinario), requiere la firma de todos sus ministros (que en caso de problemas, léase "fundirse con el dinero" y similares, deben responder con su patrimonio), y se lo llama informalmente el "dos por ciento" porque la propia Constitución Política de 1980 establece que el monto máximo para el ejercicio de esta facultad, es el dos por ciento del Presupuesto Nacional. De lo explicado, debería quedar claro que el "dos por ciento constitucional" no es una partida del Presupuesto de la Nación, sino que es una facultad para gastar dinero en casos de emergencia, creando de paso un déficit que repercutirá en una merma del patrimonio del Fisco (de ahí que su régimen sea tan estricto, y haya un tope fijado constitucionalmente).

El tema del Presupuesto de la Nación siempre había sido un tanto espinoso. En Chile, se suponía que el Presidente de la República debía enviar una Ley de Presupuestos al Congreso Nacional (todavía debe hacerlo), pero en 1891, cuando el Congreso quiso arrinconar al Presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891), simplemente no aprobó ningún presupuesto. Como la Constitución de 1833 nada decía al respecto, y ante el apuro de tener que financiar de alguna manera al Fisco, Balmaceda ordenó entonces por decreto que regía el presupuesto del año inmediatamente anterior (esta situación fue el detonante de la Guerra Civil de 1891, ya que el Congreso consideró esto como un acto de tiranía de Balmaceda). En lo sucesivo, la Constitución de Chile establece que de ser enviada y no aprobarse una Ley de Presupuestos, rige automáticamente la del año anterior, y así el Gobierno puede seguir financiándose.

Pero el Gobierno conseguía a veces saltarse el Presupuesto de la Nación, mediante los decretos de insistencia. Concebidos para superar conflictos entre el Gobierno y la Contraloría General de la República, es una orden del Gobierno para que una resolución administrativa siga curso, aunque Contraloría la objete por ilegalidad. Varios gobiernos usaron entonces la triquiñuela de los decretos de insistencia para el no muy saludable objetivo de pasar adelante gastos públicos no autorizados por ley. Para terminar con este abuso, se institucionalizó el "decreto de emergencia económica" en 1943, para situaciones imprevistas en las cuales era imposible suponer de antemano que dichos gastos iban a tener que efectuarse (terremotos, erupciones volcánicas, siniestros, etcétera... es lo que tiene vivir en un país como Chile, montado a horcajadas del Cinturón de Fuego del Pacífico).

Probablemente el más importante uso dado al dos por ciento constitucional, sean las medidas extraordinarias tomadas después del Terremoto de 1960, que asoló a Valdivia y es considerado hasta el día de hoy como el más poderoso en toda la Historia de la Civilización. En 1963 se utilizó para reconstruir el leprosario de Isla de Pascua, que había sido destruido por un incendio. En 1968, la reducción de actividades mineras en la Provincia de Arauco disparó los niveles de cesantía, y considerando esto como un estado de calamidad pública, el Gobierno echó mano del mencionado dos por ciento constitucional. En Junio de 1973, el problema del aseo en la Municipalidad de Santiago alcanzaba niveles críticos, que atentaban contra la salubridad pública, y el Gobierno de Salvador Allende destinó otra vez fondos de dicho ítem. Y el mismo mes, se utilizó para solucionar los problemas con los gremios de transporte, que amenazaban con cortar un servicio público, el de la movilización de las personas. El gobierno de Pinochet, en sus 17 años, recurrió cuatro veces al dos por ciento constitucional, mientras que sus tres sucesores (Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, 1990-2006) no lo hicieron en ninguna oportunidad. Y en 2008, después de año y medio de implementado el Transantiago y aún no plenamente operacional, el Gobierno decidió una vez más aplicar el dos por ciento constitucional al problema del transporte. La última vez anterior había sido para el Terremoto de 1985...